Artículo 54 RGPD - Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control
Preguntas frecuentes
Respuestas breves a preguntas habituales sobre esta disposición. Constituyen información general y no asesoramiento jurídico.
El apartado 1 exige que el Derecho nacional regule el establecimiento de cada autoridad de control, las cualificaciones y condiciones de idoneidad para ser nombrado miembro, las normas y los procedimientos para el nombramiento, la duración del mandato, el carácter renovable o no del mandato y el número de veces que podrá renovarse, así como las obligaciones de los miembros y del personal junto con las incompatibilidades aplicables durante el mandato y después del mismo y las normas que rigen el cese en el empleo. El artículo 54 complementa así a los artículos 52 y 53 al fijar el contenido que debe tener la propia ley nacional.
La letra d) del apartado 1 fija un mínimo de cuatro años. En el primer nombramiento posterior al 24 de mayo de 2016, parte de los nombramientos podía ser más breve cuando fuera necesario para proteger la independencia de la autoridad por medio de un procedimiento de nombramiento escalonado.
El Reglamento deja esta cuestión al Derecho de los Estados miembros. La letra e) del apartado 1 exige que el Derecho nacional determine si el mandato es renovable y, en su caso, el número de veces que podrá renovarse.
Vincula a los miembros y al personal de cada autoridad de control, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, tanto durante su mandato como después del mismo, con relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus poderes. El deber subsiste por tanto tras la conclusión del mandato o de la relación laboral.
Sí. La segunda frase del apartado 2 establece que, durante el mandato de los miembros y del personal, el deber de secreto profesional se aplica en particular a la información recibida de personas físicas en relación con infracciones del Reglamento, lo que ampara la identidad de los reclamantes y denunciantes que se dirigen a la autoridad.